Norberto Servín Glez.

Tepatitlán de Morelos, Jal. 24/01/2012

En Abril de 2011, la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Transvases  (COAGRET),  junto con otras organizaciones envió a FCC (Constructora Española que participa en la Construcción de la Presa El Zapotillo) una carta pidiendo el respeto por el Medio Ambiente y los Derechos Humanos

Posteriormente, FCC respondió que “En el caso de la presa de Zapotillo, FCC actúa como cliente de un tercero (en este caso la Comisión Nacional del Agua –Conagua—mexicana). Por esta razón, debe ser Conagua quien se pronuncie sobre cuestiones legales u otro tipo de permisos. Desde FCC sí podemos asegurar que seguimos todas las directrices que nos marca nuestro cliente (como hacemos siempre) y que tenemos todos los permisos oportunos y pertinentes para llevar a cabo nuestro trabajo. Si hay asuntos legales que piden la paralización o no de la presa, es Conagua quien debe marcarnos las directrices en tal o cual dirección.”

En la web de la ONU para multinacionales y derechos, se hace referencia al proyecto en construcción de la presa El Zapotillo en México. Coagret, conociendo el conflicto, resolvió participar en el foro al respecto con su propia opinión y censurar la participación de la empresa española FCC en la construcción de la presa. COAGRET decide remitir el siguiente artículo que es a la ONU el pasado 14 de diciembre de 2011 y que todavía no ha resuelto publicar:

FCC pretende eludir su compromiso ético pero no lo consigue

FCC pretende eludir su compromiso ético pero no lo consigue. FCC no puede evitar que su relación con la CONAGUA cuestione sus compromisos de Responsabilidad Social Corporativa. Parece estar en serios apuros para aceptar ante sus socios que la construcción de la presa El Zapotillo mancha su reputación por los informes negativos recibidos, especialmente de derechos humanos. Y, es que pesa mucho el impacto de la desaparición de tres pueblos y el deslazamiento de sus pobladores como sacrificio para el abastecimiento de una sociedad que parece ser poco ahorradora de los recursos naturales.

FCC empresa especializada en la construcción de infraestructura hidráulica promueve la construcción de la presa El Zapotillo, según las pretensiones de CONAGUA, como herramienta eficaz contra el cambio climático, es decir, para situaciones extremas de sequía y de lluvia, cuyo incremento para un futuro próximo predice la comunidad científica. Sin embargo, en situaciones extremas de sequía el embalse vacío no es útil y en situaciones de lluvias torrenciales, y el embalse lleno, los desembalses provocan mayores daños aguas abajo, contradiciendo la falsa idea de protección frente a avenidas en las poblaciones ribereñas. En régimen normal, las inundaciones son beneficiosas por el aporte de nutrientes en las tierras de los márgenes fluviales; a la inversa, la retención de sedimentos reduce el aporte beneficioso, reduce la capacidad en volumen de agua y como consecuencia de la descomposición de sustancias orgánicas contenidas en el embalse (vegetación, suelos inundados, aguas residuales, plancton) se estaría produciendo metano (CH4), un gas de efecto invernadero que es 25 veces más potente que el dióxido de carbono (CO2 ), otro conocido gas de preocupación social generalizada.

Sin duda, FCC tiene que ponerse al día, renovar sus conceptos y aproximarse a las tesis de la Nueva Cultura del Agua. Aplicadas a la tecnología y a la metodología en la ejecución de sus obras redundarían en minimizar los impactos, en especial los que inciden directamente en las personas, los más traumáticos. Su retirada del proyecto sería un gesto de racionalidad próximo al que ha tomado la empresa Odebrecht, gigante de la construcción que se ha retirado de su participación en el proyecto peruano Tambo-40, la empresa decidió “respetar la opinión de las poblaciones locales”.

Por otro lado, en puertas del año 2012, no es comprensible justificar la presa de El Zapotillo cuando el informe de la Comisión Mundial de Represas, financiado por el Banco Mundial, emitido en el año 2000, es definitivo en cuanto al Desempeño de las grandes represas.

La noble voluntad del gobierno mexicano de mejorar su gestión hídrica no puede traducirse en una simple cuestión de compensación económica, repitiendo así una constante en la forma imperativa de solventar el conflicto generado con los afectados. Pero sí debe ser una cuestión de responsabilidades y de ética también valorando minuciosamente otras alternativas y respetando la consulta previa de las personas agraviadas con la construcción de la presa. FCC no puede ignorar que es un actor interesado en esta función y que la comunidad afectada ya está sufriendo la violencia que supone el levantamiento de la presa. Intereses y talante expresados de la manera más cruda en las palabras del Gerente Regional del Organismo Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la CONAGUA D. R. Antonio Iglesias Benítez que llegó a dirigirse a las comunidades afectadas: “…o se salen o se ahogan. Les vamos a comprar salvavidas y lanchas para que no se preocupen”. En conjunto parece una grotesca maniobra con la intención de eliminar a la población por motivos políticos. Pensamos que esta no es forma de proceder con espíritu democrático y manifestamos nuestro más enérgico desacuerdo. La sociedad actual, a nivel mundial, y con mucho esfuerzo por parte de todos, está dando un salto positivo en los conceptos del uso del agua, del clima y de derechos humanos. Cuando en nuestro país ya existe la voluntad política de no inundar pueblos no es aceptable que en México, FCC, empresa española también, olvide ese imperativo moral.

En definitiva, FCC expresa su participación en el proyecto defendiendo su código ético mediante una simple opinión, sin que ello suponga reconocimiento ni rechazo de los informes negativos nacionales e internacionales y de derechos humanos que ha recibido la obra. Además, que FCC articule en la obra un protocolo de seguimiento de las actuaciones ambientales a través de un Plan Medioambiental no quiere decir que el resultado final, la presa, sea un proyecto que mejore los aspectos ambientales que antes existían. Lo que se vislumbra a todas luces es que en este caso la Responsabilidad Social de FCC se diluye ante sus intereses económicos.

Fuentes Consultadas: Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses Transvases. www.business-humanrights.org

Mayoría de Congresos Locales aprueban Proyecto de Decreto “El Derecho Humano al Agua”

Norberto Servín Glez.

Tepatitlán de Morelos, Jal.   24/01/2012

Por medio de un boletín emitido por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) manifiesta su beneplácito por la aprobación del proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 4º constitucional al incluir el derecho humano al agua, por lo que hacen un llamado al Ejecutivo a publicar la reforma en el Diario Oficial de la Federación sin demoras.

De acuerdo con la gaceta parlamentaria del 18 de enero de 2012, ese día se aprobó el Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 4º constitucional estableciendo que “toda persona tiene el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho”.

La COMDA considera que este hecho, se suma a las recientes reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos y a la que eleva a rango constitucional el derecho humano a la alimentación, como un logro de los movimientos sociales y las organizaciones civiles por el derecho al agua tanto en México como en todo el mundo.

El último paso para que la reforma entre en vigor es que sea publicada por parte del Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación, por lo que exigimos se lleve a cabo con la mayor celeridad posible.

Hay que resaltar que entre los artículos transitorios resulta especialmente relevante el tercero que establece que el Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días desde la entrada en vigor de la reforma, para emitir la nueva Ley General de Aguas. Frente a ello es fundamental que se abran procesos reales de participación social y ciudadana. Que los movimientos y grupos sociales del país se involucren en los debates que buscarán incidir en la nueva Ley -y más adelante en las nuevas políticas-, que su voz y sus necesidades sean escuchadas y tomadas en cuenta. Lo anterior con el fin de que el derecho humano al agua se convierta en una realidad para los más de 13 millones de personas que en México siguen sin recibir agua de la red pública además de las que sufren cada día a causa de la discriminación en la distribución, la escasez, la contaminación, la privatización, los cortes y las altas tarifas. Situaciones todas que se traducen en violaciones al derecho humano al agua, señalan integrantes de COMDA.

Reportan actividad en cauce del Río Verde